Josep Pinyol


Dilluns, 23.7.2018. 08:59 h

Las mismas causas provocarán los mismos efectos

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Pedro Sánchez admite que Cataluña se rige por un Estatuto que no es el que los ciudadanos votaron. Este reconocimiento es una carga de profundidad que acabará hundiendo el régimen de 1978. Es una confesión de que la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Cataluña infringió el artículo 152.2. de la constitución vigente que establece que un Estatuto aprobado en referéndum solamente puede ser modificado por el mismo procedimiento. El presidente español cree que la prevaricación del Tribunal Constitucional se puede arreglar con la votación de un nuevo Estatuto. ¿A quien quiere engañar Pedro Sánchez? Las mismas causas que hicieran naufragar el Estatuto de 2006 (la oposición del Partido Popular, de la oligarquía y de los medios de comunicación españoles) provocarán los mismos efectos. Ahora la situación a España es peor que hace diez años: la pugna entre el PP y Ciudadanos hace inviable tanto la reforma de la Constitución como un nuevo Estatuto. En Cataluña la mayoría ha quedado escocida con la autonomía.

 

El Secretario General del PSOE no es consciente de que la sentencia del Estatuto dinamitó el artículo 2 de la Constitución española. Su redacción fue un pacto entre la Asamblea de Parlamentarios de Cataluña, por un lado, que recogía el tercer punto de la Asamblea de Cataluña, es decir el restablecimiento de los principios e instituciones del Estatuto de Autonomía de 1932 como expresión del derecho a la autodeterminación. Por otro lado, los poderes fácticos de la monarquía que heredaban el concepto de unidad de España del General Franco. En el referéndum de 1978 el pueblo catalán dio su consentimiento a los dos párrafos del artículo segundo para que ligan de manera inseparable la unidad de la Nación española con el reconocimiento y la garantía del derecho a la autonomía de las nacionalidades. Este consentimiento estalló con la sentencia de 2010: no hay peor ataque al reconocimiento de Cataluña como nacionalidad que la modificación de un Estatuto aprobado por sus ciudadanos en referéndum por parte del Tribunal Constitucional. No hay un atentado mayor contra la garantía del derecho a la autonomía que infringir el artículo de la constitución que prohíbe la modificación del Estatuto sin referéndum. ¿Porqué los catalanes debemos acatar la parte del artículo 2 de la Constitución que establece la unidad de España si el Tribunal Constitucional tritura la parte que reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades?

 

Triturado el pacto constitucional de manera unilateral por el Estado español, la mayoría del pueblo catalán pasó a exigir el ejercicio el derecho a la autodeterminación. El abril de 2014 el Parlamento de Cataluña presentó en el Congreso de Diputados una proposición de ley para celebrar un referéndum como el de Escocia. El PSOE se alineó con el Partido Popular para ni tan solo admitirla trámite. El antiguo vicepresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Rubio Llorente, defendió que era posible celebrar un referéndum consultivo. Al mismo tiempo advertió que la negativa a convocarlo llevaría a vías alternativas de efectos impredecibles, como las “elecciones plebiscitarias”. Joan Tardà se lo recordó a Pedro Sánchez en su comparecencia al Congreso de Diputados de este martes. Le enumeró las terribles consecuencias de las «elecciones plebiscitarias»: la brutalidad policiales del uno de octubre, el retorno de los presos y exiliados políticos al Reino de España, la caída de su reputación internacional, el profundización del abismo emocional entre catalanes y españoles, entre otros.

 

El representante de ERC en el Congreso avisó: si como el 2014 los partidos constitucionalistas se niegan nuevamente a un referéndum de autodeterminación la historia se repetirá. «Las mismas causas tendrán los mismos efectos» sentenció. La conculcación de un derecho inalienable conducirá la mayoría del pueblo catalán y sus instituciones democráticas a repetir la desobediencia civil que empezó con las elecciones de septiembre de 2015 y culminó con la proclamación de la República Catalana del octubre de 2017.

 

En un diálogo rutinario entre instituciones españolas y catalanas los poderes ejecutivos, judiciales, económicos y mediáticos español no admitirán nunca un referéndum sobre la independencia. Solo se conseguirá después de una desestabilización profunda del régimen monárquico provocada por el conflicto catalán, hasta forzar la intervención oculta o a plena luz de las potencias europeas. Por lo tanto el camino de la República Catalana comporta mantener el tiempo necesario las grandes movilizaciones, las campañas contra los intereses de las grandes compañías del IBEX como las de la ANC, las victorias electorales para consolidar la legitimidad y los poderes administrativos del soberanismo.

 

En esta larga marcha por forzar unos acuerdos como el de Viernes Santo en Irlanda del Norte es imprescindible asumir las consecuencias penales de la desobediencia civil. Como lo han hecho Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por manifestaciones pacíficas al calle y los dirigentes democráticos que están en prisión o en el exilio. La experiencia de los últimos meses ha corroborado lo que escribió Mahatma Gandhi sobre la insumisión pacífica. Lo que parecía una victoria del poder paso a ser una derrota porque la persecución judicial, con presos y exiliados, ha internacionalizado el conflicto entre Cataluña y España como nunca hasta ahora se había conseguido. Nunca habíamos llegado tanto lejos como repite Joan Tardà.

 

Ahora bien, todo el dolor acumulado hasta ahora en forma de prisión y exilio habrá sido inútil si no hay al frente de nuestro pueblo representantes dispuestos a seguir el ejemplo de los perseguidos por la justicia española. Hay que resistir de manera no-violenta ante cada interlocutoria judicial abusiva como única manera de poner en evidencia la injusticia de las leyes y de los tribunales que las aplican. Las potencias europeas no reaccionarán hasta que el número de encarcelados por defender el derecho a la autodeterminación pase a ser insoportable para la opinión pública europea.


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